La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió órdenes administrativas tras evidenciar irregularidades en el tratamiento de datos personales sensibles relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La decisión involucra al Hospital Departamental San Antonio de Padua y a la Asociación Indígena del Cauca EPSI, entidades que habrían vulnerado la confidencialidad de la información clínica.

Denuncia por divulgación no autorizada

La actuación se originó por la denuncia de una mujer que reportó la divulgación de datos de su historia clínica sin autorización. Según el caso, la información sobre su embarazo y decisión de interrumpirlo fue compartida con terceros, pese a haber solicitado expresamente su confidencialidad, lo que permitió que personas externas conocieran detalles de su vida privada. (Lea: Si no se suspende el contrato de prestación de servicios a pesar de la licencia de maternidad hay lugar a honorarios)

Fallas en autorización y control de datos

Durante la investigación, la SIC determinó que las entidades no contaban con autorización previa, expresa e informada para tratar y compartir los datos personales sensibles. Además, se identificaron fallas en los controles internos y en las políticas de tratamiento de información, incluyendo la circulación indebida de datos entre áreas administrativas y terceros sin garantías suficientes de protección.

Órdenes para fortalecer la protección de información

Como resultado, la entidad ordenó implementar un sistema integral de protección de datos, diseñar políticas ajustadas a la normativa vigente y reforzar los procedimientos internos en la prestación de servicios de salud. Asimismo, dispuso la realización de programas de capacitación para el personal, enfocados en el manejo adecuado de información sensible.

Reiteración sobre el carácter sensible de estos datos

Finalmente, la SIC reiteró que los datos relacionados con la salud y las decisiones reproductivas son de carácter sensible y requieren consentimiento previo y medidas estrictas de confidencialidad. La decisión busca garantizar el derecho fundamental al habeas data y la protección de la información en ámbitos relacionados con la vida privada.

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