La Corte Suprema de Justicia protegió los derechos de un hombre de 83 años que afrontaba un juicio de alimentos sin entender lo que sucedía debido a sus problemas de salud mental. Advirtió que los jueces tienen la obligación de ir más allá de lo que piden las partes y revisar las pruebas cuando se les informe que un demandado, por su estado de salud, no puede defenderse por sí solo ni contratar a un abogado.

El caso bajo análisis inició cuando la excompañera permanente del adulto mayor lo demandó para exigir una cuota de alimentos. Ante esto, la hija del hombre intervino y solicitó al juez de familia suspender el caso hasta que su padre tuviera un apoyo legal que lo representara, debido a un trastorno cognitivo que le impide trabajar, manejar sus bienes y valerse por sí mismo. Sin embargo, el juez negó esta solicitud.

Aunque la hija, con respaldo de la Defensoría del Pueblo, insistió en ser nombrada representante legal de su padre y aportó las pruebas médicas de su enfermedad, el juez rechazó la petición. Sin la presencia ni la representación del adulto mayor continuó con el caso, realizó la primera audiencia y ordenó recolección de pruebas, ignorando la solicitud de anular lo actuado por falta de garantías.

La Sala Civil determinó que el juez vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por lo que le ordenó al juzgado de familia dejar sin efecto todas las decisiones tomadas y tramitar de forma prioritaria la solicitud de representación, recordando que las personas enfermas o en situación de vulnerabilidad son sujetos de especial protección (M. P. Francisco Ternera Barrios).

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