Los jueces no pueden desconocer la capacidad de un adulto mayor para autodeterminarse y rechazar que un tercero actúe en su nombre. Aunque el fin sea protegerlos, resulta desproporcionado mantener procesos judiciales sin su consentimiento, ya que se vulnera su dignidad y autonomía personal.

La Corte Suprema de Justicia concedió una tutela a un padre que, ante un juzgado de familia, se opuso a que sus hijos fueran demandados por alimentos por un agente oficioso, quien, a su juicio, solo quería evadir obligaciones económicas derivadas de la administración de bienes familiares. El juez de familia ignoró la petición y le nombró un curador ad litem.

La Sala Civil recordó que la Ley 1996/19 reconoce la capacidad legal plena de las personas y proscribe los esquemas de sustitución de la voluntad, permitiendo solo formas excepcionales de intervención de terceros, sujetas a estrictos requisitos y siempre orientadas a respetar la voluntad y preferencias del titular.

Así las cosas, si incluso frente a personas en situación de discapacidad el ordenamiento exige condiciones rigurosas para admitir la representación por terceros, con mayor razón resulta inadmisible imponer la continuidad de un proceso judicial a quien no presenta limitación alguna en su capacidad jurídica y ha manifestado de forma inequívoca su oposición.

Corresponde al titular del derecho de alimentos decidir si acude o no a la jurisdicción para hacerlo efectivo. Si bien la actuación del juzgado accionado persigue una finalidad legítima de protección, en los términos del artículo 46 superior, desconoció la voluntad expresa del accionante y mantuvo un proceso promovido sin su consentimiento (M. P. Hilda González Neira).

Siga nuestro nuevo canal de WhatsApp. 

Gracias por leernos. Recuerde que si es suscriptor puede descargar el archivo soporte de esta noticia haciendo clic en el botón azul. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.