El Ministerio del Interior expidió un decreto con el propósito de reglamentar el sistema de indemnizaciones preestablecidas en procesos civiles vinculados al derecho de autor y derechos conexos. Esta normativa, que adiciona el decreto único reglamentario del sector Interior, desarrolla lo estipulado en la Ley 1915/18, para facilitar la reparación de daños sin las complejidades del sistema de responsabilidad civil tradicional.

En consecuencia, los demandantes cuentan ahora con un marco jurídico claro para solicitar un resarcimiento oportuno ante la violación de sus facultades patrimoniales o la elusión de medidas tecnológicas de protección. (Lea: VIDEOCOLUMNA: La sanción a Sayco por bloquear la gestión individual de derechos de autor)

Opción de resarcimiento para los titulares

Bajo este nuevo esquema, el titular del derecho afectado tiene la potestad de elegir entre el régimen general de prueba de daños o los rangos económicos preestablecidos en el decreto. Al seleccionar la vía simplificada, el accionante queda exonerado de la carga de probar mediante peritos el beneficio obtenido por el infractor o las consecuencias económicas negativas sufridas. Por lo tanto, una vez acreditada la infracción, la cuantificación de la suma a pagar queda sujeta a la determinación del juez, basándose en los criterios de ponderación legalmente establecidos.

Cuantías y criterios de tasación judicial

La normativa estipula que la indemnización por cada obra o prestación infringida oscilará entre 10 y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, este monto podrá incrementarse hasta un máximo de 100 salarios mínimos si se demuestra la existencia de dolo, mala fe o reincidencia por parte del responsable. Por otro lado, para conductas específicas como la supresión de información para la gestión de derechos o la distribución de copias alteradas se han definido escalas que varían según la gravedad y el impacto de la conducta en el mercado.

Límites máximos y vigencia de la norma

Además, el decreto establece un tope máximo de 500 salarios mínimos para la tasación de múltiples reparaciones en un mismo proceso judicial. En el caso de las sociedades de gestión colectiva, los pagos no podrán exceder las tarifas concertadas contractualmente o los valores aplicados en casos similares previos. Esta reglamentación entra en vigor a partir del día siguiente a su publicación y es aplicable ante cualquier jurisdicción, garantizando que el resarcimiento implique un restablecimiento de las cosas al estado anterior al ilícito.

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