La Corte Suprema de Justicia impuso multa a un abogado por incurrir en temeridad procesal y presentar un recurso extraordinario de revisión cuya sustentación contenía preceptos legales tergiversados y jurisprudencia inexistente. Al ser requerido, admitió que las imprecisiones provinieron de un programa de inteligencia artificial (IA) que utilizaba para agilizar la redacción de memoriales.

El alto tribunal precisó que el abogado que cita una fuente de derecho hace algo más que reproducir un enunciado normativo, pues formula al mismo tiempo una aserción implícita sobre la pertenencia del enunciado al ordenamiento jurídico y, con ello, reclama que sea tratado como premisa vinculante en el debate procesal. La citación de normas o precedentes no solo comunica un contenido, sino que asevera su existencia y su vigencia como derecho.

Deber de veracidad

Dicha pretensión, indicó la Sala Civil, solo resulta legítima si lo citado corresponde fielmente a lo que el ordenamiento efectivamente consagra, por lo que resulta exigible un deber de veracidad en la citación. El abogado no puede atribuir a la ley o a la jurisprudencia un contenido que estas no poseen, ni invocar fuentes que carecen de existencia real. (Lea: Juez proyectó fallo condenatorio usando inteligencia artificial antes de los alegatos finales)

Lo anterior no equivale a exigir infalibilidad hermenéutica, explicó. Es frecuente y enteramente legítimo discrepar sobre el alcance de un fallo, proponer analogías discutibles o defender tesis minoritarias. La controversia interpretativa es, de hecho, consustancial al ejercicio del derecho, lo que es inadmisible es introducir en el proceso fuentes inexistentes o atribuir a las existentes un contenido que no corresponde.

Deber profesional

Así las cosas, el estándar de conducta exigible al abogado que cita fuentes jurídicas no se agota en la prohibición de mentir, sino que comprende, además, la carga positiva de verificar la autenticidad y exactitud de lo que se invoca. Verificar antes de citar no es una práctica recomendable, es un deber profesional. Esta exigencia descansa en cinco razones:

(i) La naturaleza asertiva de la cita, que opera como una afirmación de hecho sobre la existencia y el contenido de la fuente.

(ii) La manifiesta desproporción entre el mínimo esfuerzo que demanda comprobar y la gravedad del daño que la omisión puede causar.

(iii) El contexto institucional de confianza en que se desenvuelve el litigante.

(iv) Los deberes de lealtad, buena fe y diligencia que el ordenamiento le impone.

(v) La función estructural que las fuentes cumplen en la argumentación jurídica (M. P. Martha Patricia Guzmán Álvarez).

El profesional del Derecho deberá cancelar lo equivalente a 15 salarios mínimos mensuales.

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