En Colombia, la gestación subrogada (cuando una mujer gesta un hijo para otra persona o pareja) sigue permitida de hecho, pero sin una ley que la regule integralmente. La Corte Constitucional ha reiterado que no existe una prohibición expresa y que los hijos concebidos con asistencia científica tienen los mismos derechos que cualquier otro niño, al tiempo que insiste en que el Congreso debe llenar el vacío normativo y dictar reglas claras para esta práctica (Sent. T-357/22).

En decisiones recientes, la Corte ha recordado que las licencias de maternidad y paternidad deben cobijar también a quienes tienen hijos mediante gestación subrogada, manteniendo el principio de igualdad entre todos los niños, sin importar cómo llegaron a la familia. (Sent. T-127/24).

Además, el tribunal ha convocado a entidades como el Ministerio de Justicia, el ICBF y centros de reproducción a rendir informes y a reforzar la protección de los derechos de niñas y niños nacidos por fertilización asistida, lo que incluye mejorar el seguimiento de estos casos y prevenir situaciones de desprotección o apatridia (Sent. T-232/24).

En paralelo, la Corte ha dejado constancia de que, pese a más de una decena de proyectos presentados desde finales de los años noventa, el Congreso no ha logrado sacar adelante una regulación definitiva sobre gestación subrogada. Esta desregulación genera incertidumbre para las familias, las mujeres gestantes y los menores, y obliga a que cada caso se resuelva casi de manera artesanal en los juzgados, sin reglas generales que sirvan de guía a la ciudadanía.

La discusión no es solo jurídica, sino práctica: está en juego quién puede acceder a estas técnicas, cómo se reconocen los vínculos familiares y qué límites deben existir para evitar abusos o formas de explotación. En este contexto, los fallos de la Corte se han convertido en la principal referencia para clínicas, padres intencionales y autoridades administrativas.

Para las personas y parejas que evalúan la gestación subrogada, conocer estas decisiones permite identificar derechos básicos, como el registro del menor, las licencias parentales y la garantía de igualdad, pero también entender que aún no hay una ley completa y que, por ahora, cada caso requiere asesoría jurídica especializada y un análisis cuidadoso de los riesgos.

* Este contenido fue elaborado por SilvIA, la inteligencia artificial de Legis, basado en la información de las publicaciones de Legis, con la revisión de un editor. Si quieres profundizar más sobre este tema, conoce a SilvIA.

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