La Corte Constitucional oficializó el texto del fallo que declaró exequible un aparte de la Ley 1395 del 2010 (Ley de Descongestión Judicial), en el que se eliminó la etapa de objeción al dictamen pericial en los procesos verbales de mayor y menor cuantía. A juicio del alto tribunal, existen otros escenarios de control y contradicción del dictamen en los que se garantiza el derecho de contradicción y defensa, como la solicitud de adición, aclaración o complementación, que tiene la misma finalidad de la objeción, y la competencia judicial para valorar la prueba, que se convierte en un deber del operador jurídico. Además, esta medida de descongestión, con la que se instaura la oralidad en el proceso civil, está precedida de garantías del derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, como son la inmediación, la concentración y la publicidad (C.P. Luis Ernesto Vargas Silva).