Ginna Ximena Valencia Lozano
Abogada y especialista en Derecho Procesal, Probatorio y Oralidad
Candidata a magíster en Razonamiento Probatorio Universitat de Girona – Università di Genova

En Colombia, la valoración de la prueba sigue teniendo fundamento, sobre unas expresiones que han adquirido un carácter casi incuestionable: las llamadas reglas de la experiencia y la sana crítica. Invocadas de manera recurrente en providencias judiciales, e incluso en el ordenamiento jurídico, estas llamadas “reglas” o “sana critica” operan como un punto de cierre argumentativo y de discusión, una fórmula que pretende legitimar la decisión sobre los hechos sin exigir una verdadera explicación racional del camino recorrido para alcanzar una decisión.

Sin embargo, en este escenario de discusión académica, cabe preguntarse: ¿qué son realmente las reglas de la experiencia y la sana crítica? ¿Dónde están formuladas? ¿Qué estructura lógica las sostiene? Y, sobre todo, ¿permiten controlar la racionalidad de la decisión judicial o simplemente la encubren?

Estas preguntas no son meramente teóricas. En ellas se juega la calidad y eficacia de la justicia, en ese sentido el ordenamiento jurídico o, por lo menos, en el Código General del Proceso (L. 1564 de 2012, art. 178), el legislador dispuso respecto de la apreciación de las pruebas, que este ejercicio se hará en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, así las cosas, nuestro sistema de valoración probatoria carece de fundamento lógico y racional, en tanto no existe parametrización de estos criterios. En palabras del profesor Jordi Ferrer, estas ausencias respecto de la valoración probatoria se podrían resolver con estándares de prueba.

Durante décadas, la sana crítica ha sido entendida como una combinación de la lógica, la experiencia y la ciencia. No obstante, esta definición, ampliamente repetida, dista mucho de constituir un método. Se trata, en realidad, de una fórmula abierta, carente de sistematicidad, que no ofrece criterios claros para evaluar cuándo una inferencia probatoria está justificada o cuándo responde, más bien, a la intuición o a la convicción subjetiva del juzgador.

El problema no radica únicamente en la ambigüedad conceptual, sino en sus efectos prácticos. En la cotidianidad judicial colombiana, la apelación a la sana crítica suele sustituir la argumentación. Expresiones como “de acuerdo con las reglas de la sana crítica” o “valoradas las pruebas conforme a la experiencia del juez” aparecen con frecuencia en las decisiones, pero rara vez van acompañadas de un análisis que permita comprender cómo se construyó la conclusión fáctica.

Así, la sana crítica termina funcionando más como una cláusula de estilo que como una herramienta de razonamiento.

Frente a este panorama, el razonamiento probatorio ofrece una alternativa conceptual y metodológica más exigente. A diferencia de la sana crítica, no se limita a enunciar fuentes genéricas de valoración, sino que propone un marco estructurado para analizar la relación entre la prueba y los hechos que se pretenden acreditar. Su punto de partida es claro: las decisiones sobre los hechos deben estar justificadas mediante inferencias racionales, explícitas y controlables.

Esto implica, en primer lugar, abandonar la idea de que la convicción del juez es suficiente. No basta con que el juzgador “considere probado” un hecho; es necesario explicar por qué, a partir de las pruebas disponibles, esa conclusión es la más razonable frente a otras hipótesis posibles. El razonamiento probatorio exige, por tanto, identificar las inferencias que conectan la evidencia con la conclusión, evaluar su solidez y justificar la exclusión de alternativas plausibles.

En segundo lugar, este enfoque introduce una distinción fundamental entre prueba y decisión. Mientras la sana crítica tiende a fusionarlas al amparo de la experiencia judicial, el razonamiento probatorio insiste en que la decisión debe ser el resultado de un proceso argumentativo verificable. La prueba no habla por sí sola; requiere ser interpretada mediante reglas de inferencia que deben ser explicitadas y sometidas a escrutinio.

En este sentido, el razonamiento probatorio no elimina la discrecionalidad judicial, pero sí la disciplina. No pretende sustituir al juez por un algoritmo, sino exigirle un compromiso más riguroso con la justificación de sus decisiones, a fin de evitar que las decisiones sean sostenidas bajo apreciaciones meramente subjetivas e impregnadas de sesgos cognitivos. 

El contraste entre ambos modelos no es menor. Mientras la sana crítica permite, en la práctica, una amplia libertad no siempre controlada, el razonamiento probatorio impone una carga argumentativa que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, desde el punto de vista de la implementación de los estándares de prueba, así este cambio tiene implicaciones directas en la legitimidad del sistema judicial: una decisión que explica cómo y por qué se llegó a una conclusión es más susceptible de ser comprendida, debatida y, en su caso, corregida.

Ahora bien, el tránsito de la sana crítica al razonamiento probatorio no es simplemente un ajuste técnico; es, ante todo, un cambio cultural y de práctica judicial.

La judicatura colombiana ha sido formada, en gran medida, bajo la idea de que la experiencia y el sentido común son herramientas suficientes para valorar la prueba. Esta concepción, profundamente arraigada, ha generado una práctica en la que el razonamiento sobre los hechos se asume como algo intuitivo, casi natural, y no como una actividad que requiere formación específica.

A ello se suma una enseñanza del Derecho que ha privilegiado históricamente la interpretación normativa sobre el análisis fáctico. El resultado es un profesional del Derecho que domina las fuentes jurídicas, pero carece, en muchos casos, de herramientas para evaluar críticamente la evidencia.

En este contexto, la introducción del razonamiento probatorio enfrenta resistencias comprensibles. Exigir que el juez explicite sus inferencias, que justifique la credibilidad de un testigo o que analice la fuerza de un indicio supone un esfuerzo adicional que no siempre encuentra respaldo en la formación recibida ni en las dinámicas institucionales.

Sin embargo, precisamente por ello, el cambio es necesario, no solo desde una perspectiva teórica y académica, sino desde la implementación de un marco jurídico robusto y altamente aplicable a la realidad jurídica del siglo XXI, en la que permita que las decisiones judiciales, e incluso las administrativas puedan ser tomadas conforme a razonamientos claros, que involucren el análisis de los hechos y su soporte probatorio.

Por lo anterior, sin duda alguna, un sistema judicial que aspira a ser racional no puede conformarse con decisiones que apelan a fórmulas vacías. La referencia a la sana crítica no puede seguir funcionando como un sustituto de la argumentación. Es indispensable avanzar hacia un modelo en el que la valoración de la prueba esté guiada por criterios explícitos, discutibles y revisables.

Este tránsito no implica desechar completamente la noción de sana crítica, sino reinterpretarla a la luz de estándares más exigentes. Si la lógica, la experiencia y la ciencia han de seguir siendo referentes, deben traducirse en reglas de inferencia probatoria concretas, susceptibles de análisis y control. De lo contrario, seguirán operando como conceptos indeterminados que poco aportan a la calidad de la decisión.

El desafío, entonces, es pedagógico e institucional. En el ámbito académico, resulta urgente incorporar el razonamiento probatorio como un eje central en la formación jurídica. No se trata, entonces, de añadir un tema más a la maya curricular, sino de transformar la manera en que se enseña a pensar el Derecho, pues desafortunadamente en Colombia se repite, mas no se piensa, por lo que resulta necesario integrar el análisis de los hechos con el de las normas, y dotar al estudiante de herramientas para argumentar en ambos planos.

Por otro lado, en la formación judicial, el reto es aún más apremiante. Los programas de capacitación deben ir más allá de la actualización normativa y abordar, de manera sistemática, las técnicas de valoración racional de la prueba. Esto incluye el estudio de inferencias, estándares de prueba, análisis de hipótesis y justificación de decisiones fácticas.

Adicionalmente, es necesario que las altas cortes asuman un rol más activo en la promoción de buenas prácticas argumentativas. Las decisiones judiciales no solo resuelven casos concretos; también envían mensajes sobre cómo debe razonarse la prueba. Una jurisprudencia que exige motivaciones claras y estructuradas contribuye a elevar el nivel del debate probatorio en todo el sistema.

El paso de la sana crítica al razonamiento probatorio no es, en definitiva, una cuestión terminológica. Es la transición de una cultura de la intuición a una cultura de la justificación. Es reconocer que decidir sobre los hechos no es un acto de autoridad, sino un ejercicio de racionalidad que debe poder explicarse y defenderse.

Así, podría indicar que Colombia no parte de cero en este camino, pero tampoco puede conformarse con avances aislados, o con algunos pronunciamientos tanto del Consejo de Estado, como de otras cortes, porque la consolidación de un modelo de razonamiento probatorio requiere voluntad institucional y política, como también compromiso académico, pero, sobre todo, una transformación en la manera en que concebimos la función judicial.

Porque, al final, la calidad de la justicia y la forma en la que los ciudadanos conciben la justicia no depende solo de las normas que aplicamos, sino de la forma en que razonamos los hechos. Y en ese terreno, aún tenemos una tarea pendiente y ardua.

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