El Gobierno nacional modificó varias disposiciones del Decreto 1081/15, relacionadas con los beneficios económicos y sociales dirigidos a personas desmovilizadas que ingresen al proceso de reintegración. La norma actualiza los apoyos administrados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y establece nuevas condiciones para fortalecer la estabilización económica, el acceso a educación superior y la inclusión social de quienes dejan los grupos armados organizados al margen de la ley. 

Entre las principales modificaciones, el decreto establece que las personas que ingresen al proceso de reintegración después de la entrada en vigencia de la norma recibirán un apoyo económico inicial equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes para atender necesidades básicas inmediatas. Asimismo, el apoyo mensual a la reintegración corresponderá al 90 % de un salario mínimo mensual legal vigente durante un máximo de 24 meses. Además, el Beneficio de Inserción Económica podrá alcanzar hasta 8,5 salarios mínimos y destinarse completamente a programas de educación superior, proyectos productivos o vivienda. (Lea: Sancionan ley que regula reincorporación y ascensos en la Policía Nacional)

La normativa también incorpora medidas de atención diferencial para personas con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos con enfermedades de alto costo vinculados al proceso de reintegración. En ese sentido, la ARN deberá gestionar la expedición de certificados de discapacidad y promover el acceso a ayudas técnicas y tratamientos de rehabilitación. De igual forma, el Servicio Público de Empleo impulsará mecanismos de inclusión laboral para esta población, con el propósito de reducir barreras de acceso al mercado de trabajo y fortalecer los procesos de estabilización económica y social.

El decreto también creó un esquema de acompañamiento para los núcleos familiares de personas desmovilizadas o desvinculadas víctimas de homicidio que estuvieran vinculadas al proceso de reintegración. Estas familias podrán acceder a orientación sicosocial, jurídica y apoyo para el acceso a salud y educación. Además, los hijos menores de edad o con discapacidad reconocida podrán recibir apoyo económico transitorio durante 12 meses, sujeto a disponibilidad presupuestal. La norma entrará en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial y será financiada con recursos del Presupuesto General de la Nación.

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