La Corte Suprema de Justicia indicó que antes de proferir una decisión sobre la situación de un menor en la familia y en la sociedad, el funcionario a cargo debe valorar de manera ponderada y objetiva si se satisface el bienestar y adecuado desarrollo del niño y no solo su bienestar económico. De esta forma, advirtió que la adopción es solo una de las formas de proteger los derechos del menor cuando se encuentra en situación de riesgo y que existen otras herramientas que deben ser consideradas. Según la corte, debe tenerse en cuenta que la adopción supone la ruptura del vínculo familiar entre el niño y la familia biológica, que no puede responder a consideraciones apresuradas ni parciales. En el fallo, también se refirió al escaso valor probatorio que tienen las declaraciones de los niños (M.P. William Namén Vargas).