Decisiones sobre extinción del dominio agrario no pueden facilitar el desplazamiento de las familias asentadas en los predios (4:29 p.m.)

Las decisiones sobre extinción del dominio agrario que facilitan el desarraigo de las familias que residen en los predios objeto de debate son abiertamente contrarias a la Constitución, porque vulneran el deber estatal de evitar que las poblaciones asentadas en territorios rurales queden a merced del desplazamiento forzado. Así lo explicó la Corte Constitucional al dejar sin efectos una resolución mediante la cual el Incoder revocó la extinción del derecho de dominio privado sobre una parte del predio rural La Porcelana, ubicado en el municipio de Cáceres (Antioquia), que fue ocupado desde 1988 por varias familias campesinas desplazadas. La Corte comprobó que la decisión desconoció las reglas sobre oportunidad y valor de la prueba aplicables en esos casos. Por eso, y por exponer a los ocupantes del predio a una nueva situación de despojo, le ordenó al Incoder adoptar una nueva decisión administrativa que respete los derechos de acceso a la tierra rural y a la vivienda de los campesinos colonos (M. P. Luis Ernesto Vargas).