Impuesto al patrimonio para personas jurídicas en Colombia 2026: Impacto financiero, no deducibilidad y carga empresarial

Shelesthe Moreno Prieto
Abogada especialista de la Unidad de Derecho Tributario de Legis

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 173 de 2026, modificó el impuesto al patrimonio existente para adicionar como sujetos pasivos a las personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, estableciendo reglas especiales para su aplicación. La medida busca financiar los gastos derivados de la emergencia económica, social y ecológica declarada en distintos departamentos del país, entre ellos Córdoba, Antioquia, La Guajira y Chocó. Esta acción se implementa en un contexto de marcada restricción fiscal, ocasionada por la insuficiencia de recursos en el Presupuesto General de la Nación 2026, la falta de aprobación de reformas de financiamiento previas y un impacto estimado de $8,3 billones para atender la crisis climática.

A diferencia de los impuestos al patrimonio implementados en emergencias anteriores, el gravamen de 2026 tiene un alcance estrictamente corporativo. Son sujetos pasivos las personas jurídicas y las sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. El hecho generador lo constituye la posesión, al 1° de marzo de 2026, de un patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT (aproximadamente $10.474.800.000).

La base gravable se determina a partir del patrimonio líquido fiscal poseído en la fecha señalada, entendido como el patrimonio bruto menos las deudas vigentes fiscalmente aceptadas. En términos técnicos, la base no corresponde al patrimonio contable registrado en los estados financieros, sino al patrimonio fiscal determinado conforme a las reglas del Estatuto Tributario sobre valoración y reconocimiento de activos y pasivos. El decreto prevé exclusiones relevantes para evitar fenómenos de doble imposición económica, particularmente la posibilidad de detraer el valor patrimonial neto de acciones, cuotas o partes de interés en sociedades nacionales. Asimismo, se excluyen activos específicos de empresas de acueducto y las reservas técnicas de entidades como Fogafín y Fogacoop, atendiendo a la naturaleza especial de dichos recursos y su destinación legal.

En materia tarifaria, el impuesto al patrimonio aplicable a las personas jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios establece un esquema diferencial. Por un lado, la tarifa general es del 0,50% de la base gravable y aplica a la mayoría de los sujetos pasivos del impuesto, y por otro, se establece una tarifa especial del 1,6% para los sectores financiero y extractivo, específicamente actividades clasificadas en los códigos CIIU 0510, 0520 y 0610 (carbón y petróleo). El Ministerio de Hacienda ha justificado esta sobrecarga bajo argumentos de equidad vertical y capacidad contributiva reforzada, señalando que dichos sectores presentan históricamente una Tarifa Efectiva de Tributación inferior en proporción a sus utilidades, además de generar externalidades significativas. No obstante, esta diferenciación podría ser objeto de análisis constitucional en términos de razonabilidad y proporcionalidad.

Uno de los aspectos más sensibles de la adición al impuesto al patrimonio radica en su exigibilidad, ya que el tributo deberá declararse y pagarse en dos cuotas iguales durante los meses de abril y mayo de 2026. Este calendario concentra el impacto financiero en el primer semestre del año, generando una presión inmediata sobre la liquidez empresarial. A diferencia del impuesto sobre la renta, que grava la utilidad del período y cuyo pago suele planearse con base en flujos proyectados, en este caso, el impuesto al patrimonio recae sobre la riqueza acumulada y exige desembolsos significativos en el corto plazo. Para muchas compañías, especialmente aquellas con activos significativos, pero baja liquidez disponible, esta obligación puede implicar la necesidad de recurrir a financiamiento externo o de reorganizar su flujo de caja.

Desde la perspectiva del impuesto sobre la renta, una implicación especialmente relevante es que el impuesto al patrimonio no es deducible ni descontable. Al tratarse de un tributo sobre la riqueza acumulada y no de un gasto necesario para generar renta, su pago no reduce la base gravable ni permite generar crédito tributario alguno. Como consecuencia, se convierte en un costo fiscal definitivo, que disminuye directamente la utilidad neta del ejercicio y afecta indicadores de rentabilidad. Además, al no ser recuperable mediante deducciones, incrementa la tasa efectiva de tributación consolidada del período 2026, aumentando la carga fiscal global de la empresa y obligando a ajustar su planificación financiera para absorber este impacto de manera inmediata.

El decreto también incorpora disposiciones orientadas a proteger la integridad de la base gravable y evitar prácticas de elusión. En particular establece una regla anti-elusión conforme a la cual las sociedades que hayan realizado escisiones entre la entrada en vigor de la norma (25 de febrero de 2026) y el 1° de marzo de 2026 deberán sumar los patrimonios de las entidades resultantes para efectos de verificar el umbral de 200.000 UVT (aproximadamente $10.474.800.000). De igual forma, se prevén sanciones por inexactitud frente a ajustes contables o fiscales que carezcan de sustancia económica y que tengan como propósito subestimar el patrimonio o incorporar pasivos inexistentes. Estas medidas evidencian una intención clara de evitar prácticas elusivas y asegurar un recaudo efectivo en el corto plazo.

En un contexto de emergencia y restricción fiscal, el gravamen cumple una función recaudatoria inmediata; sin embargo, desde la perspectiva empresarial, se convierte en una variable crítica dentro de la estrategia financiera del año para las empresas con patrimonios significativos, su impacto no se limita a la reducción de la utilidad neta, sino que incide directamente en su estructura financiera y en la definición de su política de dividendos y de capital, obligándolas a anticipar decisiones relacionadas con capitalización, endeudamiento y gestión de liquidez. Más que un tributo meramente coyuntural, esta adicción al impuesto al patrimonio redefine —al menos de manera transitoria— el equilibrio entre renta, patrimonio y carga fiscal efectiva en el sistema tributario colombiano.

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