Retos de la sustitución de cultivos ilícitos: gradualidad y participación comunitaria

Daniel López-Morales

Investigador Área de Políticas Públicas

Centro Internacional de Toledo para la Paz CITpax - Colombia

Aunque aún el Acuerdo Final de Paz alcanzado entre las Farc-EP y el Gobierno Nacional no ha comenzado a implementarse, desde hace varios meses se han venido dando pasos para avanzar en temas cardinales del posconflicto, como la sustitución de cultivos ilícitos. Entre otros, nos referimos a los casos de Briceño, en el departamento de Antioquia, y al Catatumbo, que hoy son dos lugares en donde se espera se desarrollen los primeros laboratorios de paz y de sustitución de cultivos ilícitos. Y es que, de lograrse la sustitución de cultivos de uso ilícito, no solo se desactivaría una de las fuentes de financiación de la guerra y de la criminalidad asociada al narcotráfico, sino que se transformarían positivamente las condiciones de vida de los cultivadores y cosechadores.

En efecto, debemos recordar que los cultivadores y cosechadores lejos de ser grupos criminales pertenecientes a organizaciones de narcotráfico, son familias campesinas que han terminado por recurrir a los cultivos ilícitos luego de ser golpeadas por problemas estructurales del campo colombiano, como la pobreza, la marginalidad, la débil o nula presencia estatal en sus territorios, el control y hostigamiento por parte de grupos armados ilegales y los fracasos en el desarrollo de economías legales agropecuarias. De manera voluntaria, o a veces coaccionada, cultivan coca como su única forma de subsistencia.

Un punto necesario

De allí que la transformación de la realidad de los cultivadores y cosechadores no solo es un paso necesario para el logro de la paz, sino que es un acto de justicia con ellos. Resulta, pues, más que conveniente que el Acuerdo Final de Paz incluya un punto exclusivo para la sustitución de cultivos ilícitos.

En efecto, el punto denominado Solución al Problema de las Drogas Ilícitas prevé la creación de un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, a través del cual se reunirán esfuerzos entre el Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y municipales y las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito, para lograr una “sustitución voluntaria, gradual y productiva” de estos.

En el marco de este programa, se espera que, de manera concertada con las comunidades, se logre eliminar los cultivos ilícitos e iniciar procesos que sean una alternativa de sostenibilidad económica, social y ambiental para las comunidades, lo cual será complementado con todas las medidas y beneficios que se prevén en el tema de Reforma Rural Integral (punto 1º).

Adicionalmente, estos procesos concertados de sustitución incluirán compromisos de no resiembra, así como de no participar en labores relacionadas, incluida la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de los cultivos de uso ilícito. De lograrse este objetivo, se trataría de uno de los más contundentes golpes al narcotráfico y uno de los pasos más firmes hacia la paz. Es por esto que es fundamental tener en cuenta las experiencias y las lecciones de los pilotos de sustitución que se están adelantando en Briceño y Catatumbo.

Afortunadamente, el Acuerdo de Paz no llega como una medida diseñada e impuesta desde arriba: los campesinos y organizaciones como la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) han insistido desde hace años en la necesidad de proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícitos que prevean alternativas reales y viables de sostenibilidad económica de los cultivadores y cosechadores.

El plan piloto

El piloto, que requiere de ajustes significativos, deja sin embargo importantes lecciones para aprender. En octubre del 2013, luego de un proceso de erradicación de cultivos de uso ilícito que afectó al menos a 400 familias del Catatumbo, se logró un acuerdo entre las comunidades y el Departamento de Prosperidad Social, el cual preveía, entre otros, un proceso de acompañamiento de 24 meses con medidas como el apoyo económico inicial para cada familia; mercados por seis meses con productos alimentarios y no alimentarios; vinculación laboral en empleo temporal por un periodo de ocho meses para, al menos, un miembro de cada familia, y apoyo en el diseño e implementación de proyectos productivos con acompañamiento y asistencia técnica por un periodo de, al menos, 24 meses.

Así mismo, se incluye la propuesta de construcción de la carretera Astilleros - Tibú - La Gabarra (con una inversión de 44.000 millones de pesos) y el compromiso de iniciar los estudios para la construcción del anillo vial San Calixto – Hacarí – El Tarra – La primavera – San Javier - San Ignacio – Guaduales – San José de Bajial – Media Aguita – El cerro – Hacarí. Se trata de un acuerdo integral para garantizar las condiciones necesarias para una sustitución sostenible, incluyendo la infraestructura para la comercialización y distribución de productos agropecuarios.

Este programa piloto, coherente con lo establecido en los puntos 1º y 4º del Acuerdo Final de Paz, ha demostrado las virtudes de la sustitución de cultivos de uso ilícito y confirmando la voluntad de las comunidades frente a este tipo de procesos. Según la Ascamcat, el 98 % de las familias no ha resembrado y, sin embargo, es crucial garantizar la constancia en la ejecución de los compromisos gubernamentales, porque si la erradicación no está casi milimétricamente sincronizada con la generación de alternativas económicas sostenibles, puede fracasar en poco tiempo, por la necesidad de resembrar para obtener el sustento.

Erradicación gradual

De hecho, uno de los aspectos que mayor controversia ha generado durante estas experiencias piloto ha sido la posibilidad o no de hacer una erradicación gradual de los cultivos ilícitos. El periodo de transición entre la erradicación y la sustitución no puede implicar que las familias se enfrenten de un día para otro a la pérdida de su sustento económico. Si los apoyos económicos no están disponibles oportunamente y de forma sostenida, de acuerdo con la Ascamcat, es inevitable la gradualidad en la erradicación. En particular, el riesgo de resiembra surge en el Catatumbo, si no se garantiza una continuidad entre el programa que viene desarrollando el Departamento para la Prosperidad Social y el que se ha iniciado con la Agencia para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

Por último, uno de los interrogantes más difíciles que dejan estos pilotos tiene que ver con la decisión de trabajar directamente y de forma separada con las familias de cultivadores o cosechadores y no convocar a las organizaciones campesinas existentes, por considerarlas “intermediarios”. El Acuerdo Final se refiere al trabajo con las “comunidades”. La pregunta es si es posible que las organizaciones campesinas contribuyan a ese proceso, sin que ello suponga aislar a los cultivadores individuales. En este sentido, están por diseñar mecanismos de participación incluyentes y ajustados a las realidades de cada contexto donde vaya a operar la “sustitución con comunidades”.