La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, como miembro del Pacto Glo­bal de las Naciones Unidas, asumió el compromiso de promover el respeto a los derechos humanos en el sector como un componente determinante de una gestión responsable y diligente de los servicios de vigilancia y seguridad privada. En este sentido, la entidad expidió una circular a fin de expedir parámetros regulatorios sobre la protección de los mismos y responsabilidad social en el servicio de vigilancia. La norma cita algunas recomendaciones tomadas del Código Internacional de Conducta para Servicios de Seguridad Privada ICOC y del informe anual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre de­terminación. Entonces, indica que los prestadores de dichos servicios deberán: respetar los derechos humanos de todas las personas y proteger los intereses de sus clientes, así como estar debidamente informados respecto de los riesgos de estos asociados con sus operaciones. También les pide hacer especial hincapié en el respeto en los cursos de formación para el personal y verificar la ausencia de antecedentes policiales y delictivos, culposos o dolosos, del personal, mediante certificado de autoridad competente independiente y/o autónoma, entre otros.