En sentencia del pasado 25 de agosto, la Sección Primera del Consejo de Estado reiteró que las sociedades disueltas solo tienen capacidad jurídica para realizar los actos referentes a su liquidación. En ese sentido, el alto tribunal estableció que las sociedades que estén en proceso de liquidación pueden enajenar bienes y solicitar licencias de construcción sobre esos inmuebles. La corporación negó la nulidad de unas resoluciones expedidas por una curaduría urbana que otorgó a dos sociedades disueltas las licencias de urbanización y construcción sobre un predio, por considerar que podían solicitar los permisos y la autoridad debía tramitarlos (C.P. María Claudia Rojas Lasso).