Por medio de la Resolución 725 del pasado 21 de mayo, el Sena reglamentó el trámite interno del derecho de petición, en cualquiera de sus modalidades, y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo. La medida obedece al fortalecimiento de los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y a la efectividad de la gestión pública, de conformidad con lo señalado en la Ley 1474 del 2011 (Estatuto Anticorrupción), y a la supresión de trámites innecesarios del Decreto 19 del 2012 (Decreto-Ley Antitrámites). La norma derogó las resoluciones 1961 del 2004, 553 y 930 del 2006.