Por medio del Decreto 347 del pasado 11 de julio, la Alcaldía de Bogotá ordenó a la Caja de Vivienda Popular pagar las relocalizaciones transitorias de la población indígena residente en Bogotá, teniendo en cuenta la imposibilidad de inmediato retorno a sus sitios de origen y las condiciones sanitarias de alta vulnerabilidad en las que actualmente viven. Para ello, corresponde a la Secretaría Distrital de Salud realizar un censo único de dichas poblaciones, que permita la efectiva aplicación de la medida de urgencia.