La iniciativa ya cuenta con ponencia positiva para esta etapa legislativa y corresponderá a la Comisión Primera definir su futuro. El principal objetivo es modificar la Ley 5ª de 1992 para que dentro del mes siguiente a la presentación de los informes de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General, y mediante proposición aprobada por la respectiva plenaria, se pueda citar al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y al Contralor General de la República para que en sesión convocada especialmente para este efecto respondan a las preguntas que sobre la gestión de las entidades a su cargo sean formuladas por los congresistas, así como sobre las quejas que en relación con aquellos hayan sido puestas en conocimiento de estos por parte de la ciudadanía. Lo anterior con el propósito de ejercer un efectivo control parlamentario a estos servidores públicos, puesto que en la actualidad dicho control se limita a la presentación de un informe, documento mediante el cual no se puede dar cuenta del desempeño de los cargos que ostentan.