Con el fin de promover las actividades de la acuicultura en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como alternativa para garantizar la seguridad alimentaria y para disminuir la presión sobre los recursos pesqueros, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio del Decreto 2668 del pasado 21 de diciembre, reglamentó los artículos 36 a 38 de la Ley 915 del 2004 (Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social de San Andrés). Según la norma, los proyectos de pesca deberán garantizar la generación de empleo, mediante la contratación de mano de obra local, que tenga la situación migratoria definida. En todo caso, serán priorizados los proyectos presentados a iniciativa de la comunidad raizal, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, empresas con domicilio principal en la zona y madres cabezas de familia.