Acaba de entrar a regir la Resolución 6264 del pasado 26 de enero, mediante la cual la Contraloría General de la República estableció la nueva sectorización y categorización de las personas y entidades que manejan recursos públicos, que utiliza para definir las competencias y establecer la modalidad de auditoría para el ejercicio de la vigilancia de su gestión fiscal. La norma, que deroga el anterior reglamento (Resolución 6098/09), señala las facultades y los entes sujetos al control de las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal de los sectores agropecuario; medio ambiente; defensa, justicia y seguridad; gestión pública e instituciones financieras; infraestructura física y telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo regional; social y minas y energía.