Para establecer si existió falla del servicio por desproporción en el uso de la fuerza pública, esta debe someterse a un juicio de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, encaminado a determinar si se ajustó o no a los parámetros legales y constitucionales, y si la reacción fue adecuada a la agresión. Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado al recordar que en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, no siempre que se ponga fin a una vida humana se debe ordenar la indemnización de perjuicios, porque debe probarse el daño antijurídico y su imputabilidad a una entidad pública (C.P. Enrique Gil Botero).