El Consejo de Estado señaló que a pesar de que se consienta el ingreso de la policía a un establecimiento, el procedimiento que esta entidad ejecute debe estar precedido de la orden emitida legalmente por las autoridades competentes. Sostener lo contrario, agregó el alto tribunal, equivaldría a avalar una renuncia inaceptable a derechos fundamentales. En el caso concreto, la Sala llamó la atención en que, a pesar de verificarse la existencia de un acta de incautación de pólvora suscrita por miembros de la Sijín, no existió la orden previa para proceder, configurándose una irregularidad no subsanable con la orden de decomiso proferida por una alcaldesa local, cuatro horas después de la incautación del material (C.P. Stella Conto Díaz).