En el marco del programa de sostenibilidad y gestión concertada del espacio público que adelanta el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), adicionar un contrato estatal para entregar la administración por parte de particulares de zonas de uso público es colocar al contratista en una posición privilegiada frente a otras organizaciones que también podrían asumirla, en menoscabo de la selección objetiva prevista en la Ley 1150 del 2007 y demás normas reglamentarias. Además, el DADEP señaló que incorporar un nuevo predio implica una variación sustancial del objeto acordado inicialmente, por lo que sería necesario pactar un nuevo contrato.