El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda instaurada por cuatro comisionistas de bolsa que laboraron para la extinta firma Interbolsa y que pretendían que la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) asumiera una reparación económica a su favor superior a los $ 4 mil millones. Los demandantes alegaban que los actos administrativos que materializaron la intervención y posterior liquidación forzosa de la firma comisionista de bolsa les habían ocasionado un daño antijurídico. De acuerdo a este contexto, la Sala encontró demostrada la ocurrencia del daño, dado que la liquidación forzosa administrativa a la que fue sometida Interbolsa, por mandato legal, exigía la terminación de todos los contratos. Sin embargo, la Sección Tercera no accedió a las pretensiones exigidas, al determinar que la ocurrencia del daño antijurídico no era atribuible a la Superfinanciera, sino a los propios comisionistas. Estos, según reseña el pronunciamiento, eran quienes por su experticia profesional tenían razonablemente acceso a la información de la firma, en cuanto a los manejos de las operaciones de mercado que realizaban, por eso debieron ser capaces de prever la materialización de los riesgos de liquidez que los podían afectar y que llevaron a la quiebra a la comisionista. Con todo, se los condenó en costas por más de $ 400 millones, que equivale al 10 % de  la totalidad de las pretensiones de la demanda, aplicando lo consagrado en el CPACA y el test de proporcionalidad (C. P. Jaime Orlando Santofimio).