El Gobierno pidió una reforma política que garantice la equidad de género y reglamente la financiación de las campañas electorales. Según la propuesta, los candidatos deberán recibir, mínimo, el 80% del porcentaje de reposición por votos obtenidos reconocido a los partidos o movimientos políticos. Además, se eliminaría el límite de gastos de campaña con recursos de origen privado, aunque este tipo de financiación no podrá superar el valor total de la campaña política.