El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a reparar a las familias de 29 personas que fueron detenidas en Quinchía (Risaralda) por supuestos nexos con grupos al margen de la ley que nunca pudieron ser comprobados. Por la privación injusta de la libertad de esos ciudadanos la entidad deberá pagar más de $ 7 mil millones. Según el concepto del alto tribunal, la entidad demandada no probó que los acusados hubiesen cometido los delitos por los cuales los acusó y no acreditó que su presunto aporte a la subversión no fuera producto de la coacción a la que podría haber estado sometida gran parte de la población de Quinchía en la época de los hechos. Concluye el pronunciamiento que los testimonios de oídas en torno a la supuesta colaboración de los investigados con la insurgencia no eran suficientes para probar su accionar delictivo, pues “el accionar de la fuerza insurreccional y los rumores que se propagaban sigilosamente sustituían a las fuerzas del orden”. El magistrado Guillermo Sánchez Luque y Jaime Orlando Santofimio presentaron aclaración de voto (C. P. Jaime Enrique Rodríguez).