El Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 del 2011) les permite a las entidades públicas desarrollar actividades de divulgación de sus programas y políticas, bajo ciertas condiciones. Al reglamentar esta ley, el Gobierno aclaró que no se considerará publicidad oficial la que tenga como finalidad promover el cumplimiento de la ley en asuntos de competencia de la entidad, la relacionada con la satisfacción del derecho a la información de los ciudadanos o aquella que brinde información útil a la ciudadanía. Además, ordenó a las entidades del orden nacional y territorial reducir de sus presupuestos para publicidad el 30 % de lo presupuestado en el 2011.