Al declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Dirección Nacional de Estupefacientes por la omisión en el pago de cuotas de administración de algunos apartamentos ubicados en San Andrés, el Consejo de Estado indicó que la falla del servicio puede configurarse ante el incumplimiento de un trámite de destinación provisional de inmuebles. Según la corporación, la entidad desconoció las normas vigentes en su momento que regulaban la forma de realizar aquel procedimiento, en las que se exigía la entrega material de los bienes, entre otros requisitos (C. P. Carlos Alberto Zambrano).