El Consejo de Estado ratificó recientemente la decisión por medio de la cual la Contraloría declaró a la compañía La Previsora como tercera civilmente responsable del daño patrimonial causado por servidores públicos de la Gobernación del Atlántico que autorizaron pagar intereses moratorios sobre cuotas pensionales por $ 5.800 millones,  sin contar con el sustento legal para hacerlo. El fallo, proferido por la Sección Quinta, ratificó una providencia del 2012 en la que el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de nulidad de las resoluciones a través de las cuales el ente de control fiscal estableció la responsabilidad civil de la firma aseguradora en el daño patrimonial, en virtud de la existencia de una póliza global de manejo por $ 496 millones. Finalmente, la Sala precisó que aunque, eventualmente, pudieran existir otras normas que sustentaren el pago de intereses moratorios del caso concreto, lo cierto es que esas presuntas normas no fueron objeto de la litis ni en la demanda, ni en el recurso de apelación, razón por las que la sección no podía emitir pronunciamiento alguno al respecto (C. P. Alberto Yepes Barreiro).