El desarrollo de las obras públicas necesarias y benéficas para la comunidad no exoneran a la administración de la responsabilidad que pueda surgir por los daños que se ocasionen durante su ejecución por la falta de seguridad y prevención, reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado. Según el alto tribunal, los contratistas están obligados a tomar las medidas de seguridad para evitarlos, más cuando para el desarrollo se invade un espacio de esparcimiento. En efecto, advirtió que si bien todos los asociados deben soportar las incomodidades que generan, ello no quiere decir que tal pasividad tenga que ver con los peligros que se pueden prevenir. Con este argumento, la corporación confirmó la imputación que se realizó al Estado por las lesiones que sufrió un menor en las inmediaciones de una cancha de fútbol cuando fue arrollado por un tubo de concreto destinado al alcantarillado pluvial dejado al lado de la misma (C. P. Stella Conto).