Una providencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado analiza las implicaciones de los testimonios de un tercero en la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad. En efecto, la Sala concluyó que los daños sufridos como consecuencia de la privación injusta de la libertad son imputables al Estado, aunque esa decisión se hubiera fundamentado en las versiones falsas de varios testigos. Ello porque el titular de la función punitiva es el Estado y, por ende, le son inherentes todos los riesgos que se deriven de la utilización de un medio de prueba fallido, como lo son las declaraciones de testigos interesados en desviar el curso de la investigación (C. P. Stella Conto Díaz).