El  Consejo de Estado  publicó recientemente la sentencia que resuelve la primera acción de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó la excongresista Piedad Córdoba contra la sanción disciplinaria que la destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 18 años, proferida por el Ministerio Público. Al respecto, en septiembre del 2010, la parlamentaria fue notificada de dicha sanción, al ser declarada disciplinariamente responsable por tener nexos con las Farc. Según reseñan las 56 páginas del fallo, el elemento clave de la decisión estuvo en establecer que tras la incautación del computador del exjefe de las Farc, “Raúl Reyes”, en una operación militar, denominada Fénix, no se cumplieron los requisitos de la cadena de custodia, que hicieron inviables las pruebas recogidas en territorio ecuatoriano. Así las cosas, la Sala  dejó sin efectos la decisión de la Procuraduría y, de esta manera, resolvió que les sean resarcidos los perjuicios cometidos con la decisión, por ser vulnerado dentro de la investigación disciplinaria el derecho fundamental al debido proceso de Córdoba. Hay que mencionar que, en su momento, la Corte Suprema de justicia había declarado la nulidad de este material probatorio por los mismos hechos, en el respectivo proceso penal. Vale recordar que el alto tribunal de lo contencioso administrativo ya comenzó el estudio de la segunda acción en contra de la sanción por 14 años, en razón a un presunto apoyo económico a la campaña de Ricardo Antonio Montenegro para llegar a la Cámara de Representantes. El fallo fue proferido en el año 2012 (C.P. William Hernández).