Esta es la política pública para el desarrollo de la economía solidaria

En reconocimiento al papel de la economía solidaria como impulsora del emprendimiento y el desarrollo de las regiones, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó una política pública estratégica y articulada que convertirá a estas organizaciones en actores relevantes en la generación de proyectos productivos.

La aprobación del Conpes para el desarrollo de la economía solidaria busca incrementar el impacto de las actividades del sector y ampliar su alcance, fomentar la educación y fortalecer el modelo de supervisión. Esta política tiene proyectada una inversión de más de $ 74.000 millones y se implementará entre el año 2021 y 2025.

En total, se desarrollarán 42 acciones incluidas en el documento, como resultado de un ejercicio de participación de entidades gubernamentales, sociedad civil, gremios de la economía solidaria y la academia. Una de las acciones más inmediatas es el estudio de la creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Promoción y Fomento para el Desarrollo de la Economía Solidaria, el cual financiará emprendimientos asociativos que provengan especialmente de organizaciones ubicadas en municipios rurales del país.

A través de la implementación de esta política se espera que el sector pueda disponer de un marco legal robusto y una institucionalidad pública que brinde seguridad jurídica y adecuados controles para el desarrollo de sus actividades socio-empresariales.

Así mismo, con el fin de reafirmar el conocimiento y crecimiento del modelo de economía solidaria, el documento propone diseñar y ejecutar campañas educativas con los medios de comunicación y los medios digitales. En lo relacionado con el apoyo al emprendimiento, busca facilitar las herramientas que tiene para el desarrollo de las Mipymes.

Líneas especiales de crédito

El Conpes le solicitó al Banco de Desarrollo Empresarial (Bancóldex) evaluar la posibilidad de crear líneas especiales de crédito, con aportes de entidades del Gobierno para fortalecer la capacidad de irrigación de crédito de los fondos de empleados, organizaciones mutuales y cooperativas, para que estas, a su vez, apoyen el desarrollo productivo.