La Corte Constitucional se declaró inhibida para decidir sobre una demanda presentada contra el Acto Legislativo 1 del 2011, que eliminó el conflicto de intereses para el trámite de actos legislativos. La demanda se sustentaba en vicios de competencia del Congreso para expedir esta reforma constitucional. Según la sala, si bien podría admitirse por requisitos de claridad y certeza, el grave impacto del cambio normativo no es adecuado y suficiente.