La Corte Constitucional ordenó al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar extender al resguardo Wayú de Lomamato, ubicado en Hatonuevo (Guajira), las políticas públicas que se desarrollaron para atender la emergencia de desnutrición infantil, en cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dictadas para proteger a las comunidades ubicadas en Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao (Guajira). Según la corporación, esta decisión no implica una ampliación de la salvaguarda proferida por la CIDH, pues reconoce que eso sería inmiscuirse en los asuntos que atañen únicamente a este organismo interegional. Sin embargo, justificó su postura en la difícil situación humanitaria que, a su juicio, merece protección, en virtud del derecho a la igualdad (M. P. Alberto Rojas).