El Decreto 734 del 2012, por el cual se reglamentó el Estatuto General de Contratación Pública, permite la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Sin embargo, advirtió la Contraloría General de la República, no debe desnaturalizarse la figura convirtiendo esta clase de contratos en nóminas paralelas, en virtud de lo establecido en la Sentencia C-614 del 2009, sobre funciones de carácter permanente en la administración pública.