Las multas de tránsito impuestas sobre vías nacionales, por parte del personal adscrito a la Policía de Carreteras, se distribuyen 50 % para el municipio donde se entrega el correspondiente comparendo y 50 % para apoyar programas de capacitación y planes de educación y seguridad vial, indicó la Contraloría General de la República. Estos recursos son ingresos no tributarios que forman parte integral de los presupuestos territoriales. Por lo tanto, el control fiscal lo ejercen las contralorías de los respectivos entes territoriales.