Una acción popular aseguraba que el Sena debía estar exceptuado de invertir sus excedentes de liquidez en Títulos de Tesorería - TES clase B, en tanto sus recursos provienen de ingresos parafiscales que tienen una destinación específica (inversión social). En efecto, sostuvo que una inversión en tales condiciones implica un grave sacrificio para las metas de cobertura de los programas del Sena, por lo que solicitó redimirlos y finalizar con la conducta que calificó como ilegal y atentatoria contra la moralidad y el patrimonio público. No obstante, la Sección Tercera del Consejo de Estado negó las pretensiones, porque, a su juicio, dicha inversión corresponde al cumplimiento de disposiciones legales y, por si misma, no fractura ni amenaza los derechos colectivos invocados. Además, advirtió que no está probado que el Sena, en virtud de la colocación de los excedentes, haya descuidado las metas de cobertura y atención (C. P. Ramiro Pazos).