El Consejo de Estado dejó sin efectos una decisión judicial que ordenaba continuar un proceso ejecutivo contra el Distrito de Santa Marta (Magdalena) por más de $ 2.400 millones, dentro de un litigio que mantiene con la sociedad Recaudos y Tributos. La decisión se produjo al ponerse en evidencia que los derechos fundamentales de ese ente territorial se vieron afectados por un fallo del Tribunal Administrativo del Magdalena, en el cual se ordenaba dar mérito ejecutivo a una supuesta deuda que contrajo esa ciudad durante la ejecución de un contrato para la modernización del sistema tributario y la gestión del recaudo. Para la  Sala, no existía un compromiso inequívoco del Distrito de Santa Marta para cancelar las obligaciones contraídas por el contratista en materia de IVA, por lo que ordenó dictar una nueva sentencia dentro del proceso (M.P. María Elizabeth García).