La Sección Primera del Consejo de Estado explicó recientemente que las corporaciones autónomas regionales (CAR) tienen competencias en la definición o reglamentación de los usos del suelo, y agregó que tal atribución se enmarca en el desarrollo de su competencia ambiental y sobre zonas específicas consignadas en el ordenamiento jurídico, como los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y los parques naturales de carácter regional. Ello en atención al principio de legalidad que rige las actuaciones de la Administración, consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política. Sumado a lo anterior, el fallo también enfatizó que el Estado debe regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación, de modo que se garantice su adecuada explotación y su desarrollo sostenible (C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés).