Dentro de un proceso de reparación directa, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación (Fiscalía y Rama Judicial) por privación injusta de la libertad a un exsecretario de Vivienda de Ciudad Bolívar (Antioquia). En tal sentido, les ordenó pagarle varias sumas de dinero, a él y a su familia, como reparación económica del daño y también dispuso que la Fiscalía debe ofrecerle excusas a nombre del Estado colombiano, por cuanto afectó su derecho al buen nombre. Según el alto tribunal administrativo, el exfuncionario fue víctima de un daño especial, pues se le impuso medida de aseguramiento con base en una conducta que no constituía un delito. Además, coincide con lo dispuesto en la sentencia absolutoria, que señala que si no se prueba cuál era el provecho ilícito que buscaba el procesado debe interpretarse que actuó de buena fe y que, por tanto, no cometió ningún delito. Conozca más detalles en el texto adjunto (M. P. Martín Bermúdez Muñoz).