El Consejo de Estado le ordenó a la Nación pagar $ 1.110’732.000 a las víctimas e impartir instrucciones a los soldados sobre las consecuencias de omitir su responsabilidad de cobijar a la población vulnerable ante la presencia de grupos armados ilegales. Así lo decidió la Sección Tercera en una sentencia relacionada con el desplazamiento forzado del que fueron víctimas 250 familias despojadas por las autodefensas en los municipios La Gloria y Pelaya (Cesar). El alto tribunal ordenó promover investigaciones penales sobre agentes estatales por su supuesta complicidad con grupos paramilitares, dar publicidad al contenido de esta sentencia y ubicar placas conmemorativas del hecho en los comandos de policía de los municipios mencionados, y en Talameque, así como en el batallón del ejército de Valledupar, a fin de garantizar el derecho a la no repetición. Los hechos del proceso se produjeron tras la ocupación por parte de varias familias de la hacienda Bellavista, de la que fueron desplazadas por 40 paramilitares, el 14 de febrero de 1996, tras denuncias de hostigamientos y abusos de soldados de un puesto militar que fue ubicado cerca del lugar en 1989 (M.P. Enrique Gil Botero).