Para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado es preciso realizar en el juicio de imputación la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. Así, se debe evaluar si procede en primera medida la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos. En caso de que el anterior examen no sea pertinente, se establece si el título de imputación es el daño especial, sustentado en cómo se produjo la ruptura del equilibrio de las cargas públicas, o si finalmente se encuadra en el riesgo excepcional. Así, tratándose de la imputación del daño en los eventos de error judicial, se debe verificar si su origen es un error de hecho, que implica un error en el discernimiento sobre las personas frente a la naturaleza de la decisión judicial; o de derecho, que se concreta en cuatro modalidades específicas: (i) violación directa del orden positivo; (ii) falsa interpretación; (iii) errónea interpretación y (iv) violación por aplicación indebida. Finalmente, recuerda la corporación judicial que para que sea procedente la declaratoria de responsabilidad (i) el afectado debió interponer los recursos de ley y (ii) la providencia contentiva del error debe estar en firme (C. P. Jaime Orlando Santofimio).