Así es el fallo que respalda una serie de medidas urgentes emitidas por el Gobierno en materia de contratación estatal

La aplicación de las reglas del régimen de derecho privado a la contratación estatal como medida para enfrentar la crisis originada por la pandemia de coronavirus es una medida que cumple con los requisitos constitucionales. Así lo concluyó la Corte Constitucional en la Sentencia C-162 del 2020, en la cual se respalda el Decreto Legislativo 440 del 2020. De acuerdo con la norma, las entidades públicas deberían implementar la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas a través de mecanismos electrónicos, lo que permitió que los 232.000 contratistas del Estado y aproximadamente un millón de colombianos se beneficien con estos pagos. Así mismo, se decidió la continuidad de los procesos licitatorios para no paralizar la ejecución del gasto, la suspensión de términos en los procesos administrativos sancionatorios por presunto incumplimiento contractual y la posibilidad de reversar procesos licitatorios. En todo caso, termina el fallo, de 50 páginas, no significa que la contratación no se guíe por los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, ni que esté exenta de controles (M. P. Alejandro Linares).