La investigación de la Procuraduría General de la Nación se basó en conjeturas e indicios que no fueron demostrados y que no constituyen medios de prueba a la luz del Código Disciplinario. Así lo concluyó el Consejo de Estado luego de declarar la nulidad de la segunda sanción impuesta por la Procuraduría a la exsenadora Piedad Córdoba, decisión que la había destituido e inhabilitado por 14 años para ejercer cargos públicos. Según el concepto Ministerio Público, la excongresista incurrió en una falta gravísima a título de dolo porque, supuestamente, había contribuido económicamente a la campaña del entonces candidato a la Cámara de Representantes, Ricardo Antonio Montenegro Velásquez, en el 2010. La magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, de la Sección Segunda, estudió el caso y encontró que dentro del proceso no existían pruebas que demostraran una violación a la ley disciplinaria.