La Sección Tercera del Consejo de Estado explicó que quienes se vinculen voluntariamente al servicio de defensa y seguridad deben soportar los riesgos inherentes a la actividad que desempeñan.  En igual sentido, aseguró que solo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido por una falla del servicio o cuando se someta al funcionario a un riesgo diferente o mayor al que normalmente estaría sometido para el cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas. Así las cosas, tanto el funcionario como quienes hayan resultado afectados con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait). Conozca el caso concreto en el documento adjunto a la nota (C. P. Danilo Rojas Betancourth).