VIDEO: Así es una audiencia de solicitud de unificación de jurisprudencia

Tras la primera audiencia de solicitud de aplicación del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el Consejo de Estado dio a conocer una grabación para que la comunidad jurídica reviva las alegaciones de las partes.

La Sala Plena, que asumió este estudio por su trascendencia jurídica y relevancia económica, determinará, próximamente, si la nulidad del acto de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad da lugar al descuento de los salarios percibidos en el sector público durante el tiempo en el cual el afectado se mantuvo injustamente marginado de su cargo.

Este recurso tiene como fin asegurar la unidad en la interpretación del Derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales; además, se aclara que procede contra las sentencias dictadas en única y segunda instancia por los tribunales administrativos.

Volviendo al caso de estudio, y según la sentencia SU-556 del 2014 de la Corte Constitucional, si durante el tiempo en que el afectado se mantuvo injustamente desvinculado de la función pública ocupó otro cargo de esa misma naturaleza, se le deben descontar los salarios que percibió como consecuencia de esa reincorporación al sector estatal. (Lea: Fijan topes a indemnización de provisionales despedidos sin justa causa)

Con ponencia del magistrado William Hernández, la Sala debe decidir si aplica esta tesis de la Corte o si mantiene su propia jurisprudencia que, desde el 2008, enseña que el funcionario debe recibir la totalidad de los salarios que dejó de percibir, sin importar que durante el mismo lapso haya logrado ubicarse nuevamente en una plaza laboral de carácter estatal.

Vale la pena decir que el recurso fue presentado por una exfuncionaria del municipio de San Gil (Santander), que recurrió el fallo en el cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, no obstante que anuló el acto por medio del cual fue separada del ente territorial, ordenó descontar los salarios que percibió durante su vinculación a otra entidad pública, en este caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Durante la audiencia celebrada, la Procuraduría solicitó mantener la tesis de la máxima instancia de lo contencioso administrativo, que obliga a cancelar la totalidad de los salarios. ÁMBITO JURÍDICO mantendrá informados a sus lectores sobre las novedades y la resolución de este importante caso de Derecho Administrativo Laboral.