Si bien es cierto solo a partir de la expedición de los decretos 4176 y 4177 del 2004, por los cuales se fijaron los límites máximos salariales de los gobernadores y alcaldes y de los empleados públicos de las entidades territoriales, respectivamente, el Gobierno Nacional reguló directamente el tema, no se puede afirmar que antes de ello las citadas entidades no tenían reglas, pues ante el vacío legislativo debían acudir a las normas previstas para los empleados públicos del orden nacional, es decir, los decretos 1461 del 2001 y 670 del 2002, respetando los topes máximos establecidos, indicó el Consejo de Estado. Para el alto tribunal, el Concejo de Villavicencio, al definir en el año 2003 los viáticos por comisión de servicios para el alcalde y el contralor del municipio y, de acuerdo con la escala salarial señalada para la época en las normas pertinentes (decretos 1461 del 2001 y 670 del 2002), superó el tope establecido. Por lo tanto, confirmó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, por el cual se declaró la nulidad de los actos administrativos correspondientes (C.P. María Claudia Rojas Lasso).