La Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que la medida de aseguramiento de detención preventiva genera unos cambios negativos en las personas no circunscritos a la detención intramuros, pues es claro que impide su desenvolvimiento normal en los entornos familiar, laboral, social y personal. En esta medida, para la Sala, “la situación de contumacia, dependiendo de las circunstancias de cada caso, puede llegar a ser un daño antijurídico, si se tiene en cuenta que la única forma en que la restricción de la libertad en un proceso penal se torna legítima es cuando con sujeción al debido proceso se ha desvirtuado la presunción de inocencia”, concluye el fallo (C. P. Stella Conto Díaz).