En la medida en que las entidades públicas implementen en forma adecuada los sistemas de gestión documental se garantizará la preservación, autenticidad e integridad de los documentos y, así mismo, se facilitará y permitirá la disponibilidad y acceso de la información documental cuando sea requerida, desarrollando principios de transparencia, disponibilidad y oportunidad de la gestión documental, condiciones que son totalmente armónicas con las labores de control fiscal. Así lo indicó la Contraloría General de la República.